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Peru: Comisión de Energía y Minas recibe opi

comunicado Congreso de la República

Para obtener información y opiniones sobre el Hidrógeno Verde, protagonista del Proyecto de Ley 3272/2022, que propone desarrollar tecnología industrial a partir de este insumo, la Comisión de Energía y Minas organizó una tercera sesión extraordinaria en la que participaron expertos de Holanda, Francia, Italia, India y el Perú.

En primer lugar, su titular, Jorge Flores Ancachi (AP), sustentó la mencionada iniciativa de su autoría, que tiene el objetivo de entregar propuestas legales al Estado peruano y a los inversionistas nacionales y extranjeros, para el uso del Hidrógeno Verde “para descarbonizar la economía y cumplir con los compromisos nacionales de lucha contra el cambio climático”.

El titular del grupo de trabajo afirmó que la finalidad de este proyecto es “desarrollar tecnología industrial con el Hidrógeno Verde, impulsando un futuro limpio y sostenible, además de constituir una oportunidad única de generar una nueva industria, potenciar sus derivados, diversificación económica, desarrollo socioeconómico e innovación”.

Para Flores Ancachi, en la preocupación que causa el calentamiento global, radica la necesidad de elaborar una Estrategia Nacional y Políticas Públicas, para el desarrollo de la cadena de valor del Hidrógeno Verde.

En ese sentido, la propuesta legislativa encarga esa tarea a los ministerios de Energía y Minas, del Ambiente, de la Producción y de Transportes y Comunicaciones, quienes actuarán en el marco de sus respectivas competencias, y con el soporte de un Grupo de Trabajo creado para tal efecto.

Dicha Estrategia Nacional sería vinculante para todos los poderes públicos y aprobada por las autoridades competentes.

Intervinieron los congresistas Elizabeth Medina Hermosilla (BMCN) y Carlos Alva Rojas (ID), quienes saludaron la iniciativa como una buena alternativa para el desarrollo de nuestros pueblos.

OPINIONES TÉCNICAS

El enviado regional para Asuntos Económicos de la Embajada de Países Bajos, Marc Hauwert, afirmó que el Hidrógeno Verde es la ruta para combatir el cambio climático, ya que es un producto de exportación que genera empleo, ingresos y garantiza suficiente suministro de energía.

En seguida, el gerente de Inteligencia Comercial del Grupo ENGIE de Francia, José Alberto Monzón, manifestó que lo importante en el proceso de generación de Hidrógeno Verde es el agua, y esta, en el Perú, puede provenir de agua desalada, pues se cuenta con un litoral bastante rico de este recurso y puede tener acceso.

Monzón hizo una breve exposición de la experiencia francesa en el uso de esta energía y detalló, además, la proyección de aumento de la capacidad instalada de energía eólica y solar fotovoltaica en Francia

Por su parte, la jefa de Desarrollo de Negocios en ENEL Green Power de Italia, Chiara Gasparrini, precisó que se habla mucho del hidrógeno, que se encuentra en toda la naturaleza, pero siempre está unido a otros elementos.

El hidrógeno, dijo, es un portador de energía, no una fuente de energía, y no es atractivo en sí mismo; se trata de cómo se produce. Luego de exponer algunas experiencias sostuvo que el Hidrógeno Verde es el único hidrógeno sostenible y se espera que sea competitivo en el 2030.

En su momento, el director del Instituto de Investigación y Desarrollo de la India, Ssv Ramakumar, expuso el compromiso de su país con el cambio climático y las acciones que realiza para cumplir con este. En torno al hidrogeno verde señaló que su demanda actual es de seis millones de toneladas métricas aproximadamente.

Informó de inmediato que en el sistema futuro la distribución de gas en las ciudades, también creará una demanda de hidrógeno de alrededor de un millón de toneladas métricas. Según lo proyectado, el sector metalúrgico representará de siete a ocho millones de toneladas de hidrógeno.

Luego, el vice rector de Investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería, Arturo Talledo Coronado, explicó que la materia prima es una parte minúscula de un proceso, lo importante es desarrollar tecnología, hacer investigación.

Por ello es que una de sus líneas investigativas es producir hidrógeno en el desierto de Sechura. Para ello, expuso, se requiere la aprobación de un reglamento de generación distribuida y la agilización de líneas de crédito de Cofide.

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Perú escala 29 posiciones en el Ranking de Gobierno y Tecnología del Banco Mundial

En el marco de la medición de los avances internacionales en gobierno y transformación digital, el Banco Mundial publicó la segunda edición del Ranking de Gobierno y Tecnología denominado Índice de Madurez GovTech (GTMI), posicionando al Perú en el puesto N° 14 de 198 economías evaluadas, lo cual representa un avance de 29 posiciones con relación al estudio del 2020.

Estos resultados colocan al Perú en el segundo lugar en Latinoamérica y el Caribe, después de Brasil y superando por primera vez a Uruguay, Colombia, México y Chile.
reconocen los esfuerzos en transformación digital que impulsa la Presidencia del Consejo de Ministros, por medio de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, en trabajo conjunto con las entidades públicas, el sector privado, la sociedad civil, la academia, la cooperación internacional y la ciudadanía.
“En el Perú hemos venido consolidando la gobernanza digital desde la perspectiva estratégica, rectora y ejecutora, lo que ha permitido crecer de manera sostenida en los indicadores internacionales.
Ello representa un impacto muy positivo en el despliegue de plataformas y servicios digitales que permitan el incremento del ejercicio de la ciudadanía digital a escala nacional, para poner la tecnología al servicio de las personas”, sostuvo Marushka Chocobar, secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la PCM.
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Enrique Zuleta Puceiro El Poder Judicial es hoy el escenario de la lucha de la política con la verdad

Cómo cambió el abordaje periodístico de los temas judiciales, y los intereses de la sociedad. El fin de la democracia deliberativa y la imposilidad de consensos. De las Cortes «a medida» a los costos del activismo judicial, en un diálogo a fondo con El Litoral.

«La gente va a los medios a confirmar lo que piensa o lo que intuye. Hay un sesgo de confirmación total. No va a buscar un dato objetivo que le permita situarse». En esa sentencia cifra el prestigioso analista político y docente universitario Enrique Zuleta Puceiro uno de los principales problemas que afectan la percepción del Poder Judicial que tiene la sociedad (y del que la propia Justicia no consiguió hacerse cargo), pero también al propio funcionamiento institucional del país, cuyas bases se asientan sobre una premisa que no se corresponde con la realidad, y que acaso hoy por hoy sea completamente ilusoria.

la democracia deliberativa.
La excusa para el extenso diálogo con El Litoral fue el cierre de la edición 2022 del Curso de Periodismo Judicial, que desarrolla anualmente la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El temario, entonces, discurre sobre los desafíos de la relación entre prensa y Justicia, pero firmemente inserto y determinado por el estado de la política y el imperio de los «hechos alternativos» a la concepción tradicional de la verdad.

Por eso, Zuleta Puceiro empieza por destacar la creación del Centro de Información Judicial en 2006 ( tras el encuentro nacional de jueces desarrollado en Santa Fe), que encontró allí su motivación, la de facilitar el acceso de la opinión pública al mundo de la Justicia, pero también sus límites.

«Una de sus primeras ideas fue asumir que los jueces no hablan solo por sus sentencias, y sobre esa base evolucionó hasta hoy. Pero el problema de fondo que no previó es cómo cambió el entorno de la relación de los medios con la sociedad, algunos cambios son profundísimos e irreversibles.

¿A qué se refiere?
La gente no lee mas diarios, pasa mucho más tiempo en las redes sociales, ya no es la tapa de los diarios los que rige la opinión pública. Hay mucha gente que ya no los lee, ni piensa hacerlo. La gente va a los medios a confirmar lo que piensa o lo que intuye. Hay un sesgo de confirmación total. No va a buscar un dato objetivo que le permita situarse.

De hecho, mucha gente ni siquiera lee las noticias, no importa cuál sea el soporte. A veces no más que el título, para después comentar lo que ya opinaban antes.

Es que las sociedades han dado vuelta la teoría de la verdad. Frente a la verdad como correspondencia, que es una proposición que describe algo con relación a los hechos; o la verdad como coherencia, una proposición que cierra racionalmente, hay otras concepciones. Incluso lo que se llama las posverdad; hay hechos alternativos. El populismo tiene entre otras cosas, una teoría de la sociedad, de la democracia, de la economía política, y una teoría de la verdad. Y la impone, y ese combate se lleva a cabo en una sede central, que es la Justicia. Porque ése es el conflicto. El populismo lucha con la República en los medios, y en los temas judiciales.

¿Eso pasa solamente en Argentina?
No, en todos lados. Y hoy para los medios los temas de Justicia son algo central. Antes era algo lateral, la noticia judicial era un hecho policial. Hoy la sustancia de la noticia judicial pasa por temas de alto voltaje político. Conflicto de la Corte con el Congreso. Antes decíamos, «no importa, porque la Corte tiene la última palabra». Pero ya no es así.

No tiene la Corte la última palabra. Hay «alternative facts», como dice Donald Trump. ¿Y como se resuelve ese conflicto? Para abordar esto, ahora los medios tienen especialistas. La mayor parte de las investigaciones sobre temas de corrupción que vinculan al poder surgen de un recorte de un diario.

La sociedad percibe hoy a la Corte como fuertemente politizada. ¿Esto es así, o es efecto del discurso del sector político?.

Es así, la Corte toma posición. Y lo hace fundamentalmente a través de dos jueces, que son Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Juan Carlos Maqueda acompaña, Ricardo Lorenzetti no. Y la Corte no se puede reconstruir, porque tiene bloqueada su constitución. Está bloqueada porque no va a haber dos tercios legislativos en ningún momento para designar a ningún juez, la minoría nunca va a permitir los dos tercios a la mayoría.

Esta mayoría especial se impuso en la reforma de 1994 para limitar al Ejecutivo y obligar a la búsqueda de consenso.

Todas las mayorías relativas están pensadas en las Constituciones sobre la base de que existía una primacía en el Congreso, y que en el Congreso se deliberaba. Y los diputados, que representaban al pueblo, y los senadores, que representaban a las provincias, discutían, libre y racionalmente, y encontraban o no acuerdos. Y las mayorías estaban limitadas por la necesidad de buscar acuerdos con las minorías. La democracia era un ámbito racional.

Muchísimos procesos constitucionales se basaron en la hipótesis de la democracia deliberativa. La Constitución del ’94 fue consagrada por gente que creía en eso. Sobre todo Raúl Alfonsín creía, y los juristas que trabajaban con él, y también algo menos los juristas que acompañaban a Carlos Menem.

Menem no creía mucho, pero acompañaba. Entonces, el supuesto de la democracia deliberativa establecía que vamos a regular las desmesuras y los abusos sobre la base de una exigencia de mayorías calificadas. Ahora, ninguno esperaba que la democracia se convirtiera en otra cosa. Un escenario de alta conflictividad, donde los diputados y senadores representan en realidad a partidos, o ni siquiera, sino bloques o sectores de partidos muy divididos (ocho peronismos por lo menos, cinco radicalismos) y giran más alrededor de candidatos que de liderazgos, doctrinas o principios.

¿Esto pasa con todos los partidos?
A lo mejor el radicalismo sigue siendo un partido, aún con divisiones. Pero el resto en realidad son fuerzas constituidas por sectores fuertemente enfrentados. Entonces, una vez que se establece una hegemonía (pensemos en el peronismo, el caso del kirchnerismo en el Senado), no hay posibilidades de deliberación. Cosa que, como dijimos, pasa en el mundo. como consecuencia de la decadencia del papel de la palabra, que es correlativa a su vez con esta crisis de la verdad, a este advenimiento de la posverdad.

Entonces, en ese régimen de altísimo contenido emocional y discrecionalidad, aterrizan las cuestiones de la mayoría. Y puede toparse con una minoría que, bajo ningún concepto y por ninguna razón, está dispuesta a aceptar algo que permita progresar lo que impulsa la mayoría.

Podrá encontrar los mejores candidatos, trascendentes a la política, y aún así la minoría no le va a dar los votos, ni va a permitir desbloquear la institucionalidad. En consecuencia, el gobierno no va a buscar ese tipo de candidatos. Va a proponer gente que exacerba el extremismo, y sus concepciones y sus ideas, con perfiles altísimamente partidarios o sectarios. Entonces, como no hay esperanza de que me aprueben para la Corte una mujer con alta capacidad y experiencia, que las hay de sobra.

voy a mandar una líder de tal o cual sector sociocultural, o que exprese de una manera extrema las ideas que yo promuevo. Y el campo de las instituciones se convierte en un escenario más de la espectacularización de la política.

 Lo cual supone un problema para el debido funcionamiento del Poder Judicial.
Me parece que ése es el principal problema que tiene. Porque esto fortalece la tendencia de los gobiernos a intentar formar Cortes a su medida. Si uno excluye el caso de De la Rúa (que por debilidad política y no por otra cosa) no cambió la Corte, todo el resto de los presidentes quiso hacerlo. No a su imagen y semejanza, pero sí a su interés. La Corte de Néstor Kirchner no era como él, era una Corte muy interesante. Pero que a la vez, pudiera cumplir un determinado.

papel en lo que para el gobierno era fundamental, que era investigar los crímenes de lesa humanidad y sobre todo trabar lo que había empezado a producirse, que era una contrarrevolución en el campo laboral, que era lo que había habilitado la Corte de Menem.
Las democracias generan gobiernos que conciben al Poder Judicial como un auxiliar del poder político. La Corte de Menem, sobre todo en los fallos en los que intervino Rodolfo Barra.

expresa que la Justicia debe acompañar un proceso de transformación. Que para Menem es la apertura económica, las privatizaciones, la desregulación, la entrada al mundo, el cambio en la legislación laboral. Fue la reforma de los ’90, y la Corte lo dice en muchos fallos.

Con ese sentido, Macri impone a Rosencrantz y Rosatti por decreto. Necesitaba encarar transformaciones, y no iba a esperar que el Congreso nombre o no nombre a sus candidatos. Ése fue uno de los grandes conflictos de poder que se produjeron. Imaginemos si ahora Alberto Fernández sacara un decreto y nombrara a dos personas.

También hay un foco mucho mayor en las personas, más que en la institución.

Es que ésto es así también por las personas. Lorenzetti tiene un perfil político muy fuerte, aparte de sus méritos extraordinarios como jurista, como abogado y sobre todo como tratadista (es un hombre que reinventó el Derecho Ambiental, por ejemplo, la teoría de los contratos). Pero él prefirió jugar un papel político. Devolverle al Poder Judicial el rol constitucional de tercer poder del Estado, dotar a los jueces de protagonismo.

Esto llevó a la Justicia a crecer, y a tropezar con los otros poderes, que pretendían mantenerla en un rol secundario, de acompañar. Rosencrantz y Rosatti (que son dos abogados muy calificados y además son juristas, no son amigos políticos del presidente) llegan en el marco de un proceso político en el que Macri no está dispuesto a entrar en el juego de político de espera a negociar, los nombra por decreto; aunque después por la presión de la opinión pública y el conflicto con el Congreso recién asumen cuando son votados ahí.

-¿Cómo se resuelve el problema de los consensos? Porque hoy no podemos pensar en completar la Corte, ni siquiera se pudo elegir al Procurador; ni hablar de resolver los choques de poderes…

Es un problema irresoluble. Porque en otros países hay un tribunal constitucional o el Consejo de Estado para laudar o arbitrar en un conflicto entre la Corte y el Ejecutivo, o el Congreso. En Argentina no hay nada así. Es una debilidad institucional que parte de la base de que los Ejecutivos ponen a sus propias Cortes, y esos conflictos no ocurren. Acá ante un conflicto no hay una última palabra. Podría haberla desde el punto de vista jurídico-institucional, pero no en los hechos. Y la opinión pública ve a la Justicia con un 14 % de aprobación (muy bueno o bueno), según la última encuesta nacional. Similar al de los partidos políticos, al del propio Congreso y del Presidente. Ninguno llega al 20 %. La única institución que hoy por hoy tiene una mejor percepción es la universidad pública, como concepto. En todas las encuestas. Pero esto también es mundial.

¿Y acá en Argentina cuando empieza?
La Justicia tuvo un momento donde podía desempeñar otro rol. Fue en el ’83, cuando Alfonsín elige, como terreno firme para apoyar la palanca y reformular la relación cívico-militar, a la Justicia. Que aunque venía de la época militar, nadie dudaba de que una instancia en la que se podía confiar para resolver ni más ni menos que el tema central de la democracia en Argentina, que era el poder militar. Han pasado casi 40 años de eso, y la Justicia ha dado la vuelta y se ha colocado en el otro extremo. Y en esto tienen que ver todas las transformaciones de las que estamos hablando, pero también la propia Justicia. Que ha tomado posiciones políticas.

ha desarrollado un activismo muy acusado, no se ha hecho cargo de muchas cuestiones internas (por ejemplo el pago de impuestos, que la sociedad le exige desde siempre), ni ha producido una transformación profunda hacia adentro. Y sin embargo, ha asumido un activismo político. Y eso tiene un costo.

¿Cómo lo podría evitar?
La Corte lo que tiene que hacer es generar un shock de credibilidad. Rosenkrantz lo ha explicado bastante bien. Hay un concepto fundamental, que es la self-restraint, la autorrestricción. No debemos tomar todas las provocaciones, todos los temas. Tenemos que elegir las cuestiones que nos permitan reforzar nuestro rol arbitral en la sociedad. Si no aceptamos un rol arbitral, y tomamos posición, inevitablemente deterioramos esa capacidad, y eso tiene un costo en materia de credibilidad. Los objetivos del CIJ eran la información judicial y la comunicación. Pero faltó asumir que había cambios en la sociedad.

que obligaban a otras cosas. Generar debate, perfeccionar el conocimiento por parte de la gente, crear una discusión pública sobre la manera en que se resuelven los conflictos. La Corte abandonó esto, entre otras razones porque ella misma estaba en el centro del conflicto; era cuestionada, era discutida, recibió ataques del gobierno y de la oposición.

Entonces se puso a la defensiva, y se produjo un desequilibrio en la información. Mejoró muchísimo en la difusión de la sentencia, pero no en la transparencia de lo que discutía, la selección de los casos, el manejo de los tiempos, la argumentación hacia la sociedad, buscar en la sociedad un nivel de comprensión. Creo que subestimó la idea de que la Justicia era parte de un proceso político, aunque no quisiera.

¿Y qué rol le cabe a los medios?
Bueno, hoy no hay prácticamente medios que no tengan una posición política tomada; y así lo hacen también los periodistas más importantes, en notas firmadas sobre cuestiones que pasan por el Poder Judicial. La discusión entre «éstos son hechos» y «éstas son opiniones», se ha visto reemplazada por «éstos son mis valores», y los valores, el «deber ser», prima sobre lo otro, la descripción de los hechos. Finalmente, el vedetismo de algunos jueces le da un tono a la Justicia que no se compadece con el de los miles que ejercen su profesión de manera seria y rigurosa. Son muy pocos casos, pero tiñen las cosas, porque ocupan el centro del debate.

Y la política hace su negocio magnificando esos casos, que se ventilan en Comodoro Py. Y que no conforman el grueso de la actividad judicial, que pasa por las Cortes de provincia, adonde nadie mira. Pero que es donde se está determinando la jurisprudencia de lo que afecta a la gran mayoría de la población.

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Mexicana viajó a Perú para conocer a su pareja de internet y la mataron para vender sus órganos

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Su cuerpo fue encontrado en pedazos, con sus huellas digitales borradas y sin rostro, en las costas.

Una mujer mexicana identificada como Blanca Arellano viajó a Perú para conocer a Juan Pablo Jesús Villafuerte, con quien mantenía una relación de meses por internet. Sin embargo, tras pasar tres meses en la ciudad de Huacho, perdió repentinamente el contacto con su familia.

Algunos días después, su cuerpo apareció en pedazos, con huellas digitales borradas y sin rostro, en las playas de la ciudad.

El caso conmocionó a la sociedad peruana, y este martes la Justicia ordenó nueve meses de prisión preventiva para Juan Pablo Villafuerte, el principal sospechoso del feminicidio, quien enfrenta también cargos por trata de personas y tráfico de órganos.

La tesis fiscal sostiene que este hombre, de 37 años y estudiante de medicina, está vinculado a la desaparición y la muerte de la ciudadana mexicana con quien, al parecer, mantenía una relación sentimental.

Arellano, de 51 años, llegó a Perú a fines de julio para encontrarse con Villafuerte, a quien aparentemente había conocido a través de una plataforma de apuestas.

Una vez en suelo peruano, ambos habrían convivido en un departamento de la ciudad de Huacho, ubicada en el departamento de Lima.

Los familiares de Arellano reportaron su desaparición el 7 de noviembre, dos días antes de que la Policía hallara restos humanos en una playa de esta localidad.

Durante la audiencia, la Fiscalía confirmó que el informe forense ratificó que estos restos pertenecen a la ciudadana mexicana, según recogieron medios locales como RPP, detallando que finalmente su sobrina -quien encabezó una campaña en redes sociales para encontrar a la víctima- confirmó la identidad de su tía.

Con nuestros corazones y vidas echas pedazos confirmamos que nuestra amada tía Blanca Arellano ha sido identificada sin vida. Les pedimos respeto y discreción a nuestra familia en estos momentos tan difíciles, no tenemos palabras para expresar lo que estamos viviendo.

Con el caso de Arellano, ya son 39 las mujeres que, en lo que va de 2022, murieron asesinadas en la expresión más extrema de violencia de género en Perú, donde los feminicidios reportados en los últimos cinco años suman un total de 674, informó este marte el Ministerio Público.

Contenidos bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde indique lo contrario.

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