Al menos 41 proyectos han sido salpicados por presuntos actos ilícitos que las constructoras brasileñas habrían cometido a cambio de ganar las licitaciones.

El caso Lava Jato ha provocado que varias altas autoridades y políticos en el Perú se vean envueltas en graves actos de corrupción. De hecho, los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski; así como los exalcaldes Luis Castañeda Lossio y Susana Villarán, y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, han sido involucrados en esta trama que inició en Brasil y se expandió a otros países de América Latina.

Sin embargo, lo que no se estimaba era cuántos proyectos del Estado estaban vinculados con los sobornos que habrían entregado diversas empresas brasileñas como Odebrecht, Camargo y Correa, OAS, entre otras. Un análisis realizado por el diario El Comercio, que recogió datos del Ministerio de Economía, comisiones investigadoras del Parlamento, la Contraloría General de la República y el Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado, brindó una pista.

De acuerdo al citado medio, al menos 41 obras tienen nexos a firmas que recibieron cerca de US$ 17, 285 millones por ser contratados con el Estado. Entre estas se encuentran el Gasoducto del Sur Peruano, iniciado bajo el gobierno de Humala en el 2014, que está a cargo de Odebrecht, Graña y Montero, y Enagás. Se ha considerado que será la obra más cara con un monto de US$ 7.328 millones.

Además, se encuentra la Carretera Interoceánica Sur que, como sabemos, llegó a costar cerca de US$ 3 162.2. Por esta obra, precisamente, se le acusa al expresidente Toledo de los delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos al recibir un soborno de 35 millones de dólares por los tramos dos, tres y cuatro de Odebrecht y Camargo Correa

El fiscal José Domingo Pérez indicó que no se presentó, formalmente, dicha solicitud. En esta línea, aseguró que “confrontarán” los últimos anuncios del expresidente, entre ellos, su presunto deterioro de salud.

Mientras el expresidente Alejandro Toledo se entregaba a la justicia en Estados Unidos (EE.UU.), este viernes 21, la Fiscalía en el Perú formaba parte de la audiencia de control de requerimiento mixto, que involucra al señalado, por el caso Interoceánica.

“[Esto se produjo] como contraprestación del ofrecimiento de los 35 millones [de dólares] que hizo la constructora a favor de Toledo. [El dinero] se condujo a través de la empresa de Josef Maiman”, comentó el fiscal José Domingo Pérez al salir de la sesión.

El representante del Ministerio Público también brindó declaraciones a los medios de comunicación, tras abandonar el Primer Jugado de Investigación Preparatoria —presidida por el juez Richard Concepción Carhuancho— en torno a la entrega voluntaria de Toledo Manrique para ser deportado al Perú.

El funcionario fue consultado sobre una solicitud de prisión domiciliaria, de parte de la defensa legal del extraditable, a favor de Toledo tras su arribo al territorio nacional.

“No puedo adelantar posiciones que vayan a plantear la defensa del Sr. Toledo. Entendemos que, formalmente, no lo ha solicitado. (…) [Pero queremos] mostrar que de parte del equipo especial [Lava Jato] vamos a defender la posición de la sociedad que se vio agraviada por estos delitos de corrupció”, manifestó a RPP.

Por otro lado, el funcionario se pronunció sobre la comitiva peruana que viajará para trasladar, de Estados Unidos al Perú, al investigado; este será traído en un vuelo comercial por efectivos policiales de la Interpol.

“He solicitado formalmente, documentalmente, que tiene que viajar el fiscal Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Lava Jato, y otro fiscal para que pueda haber el debido proceso y traslado de esta persona”, indicó.

Confrontarán declaraciones de Toledo
En otro momento, Domingo Pérez precisó que la Fiscalía “enfrentará” los últimos anuncios de Alejandro Toledo sobre sus presuntos problemas de salud.

“[¿Está tratando de evadir la justicia?] Son posiciones que nosotros las vamos a confrontar, las vamos a contradecir, si es que no hay los elementos que sustentan una situación diferente. Siempre hemos sido firmes por el equipo que lidera el fiscal Vela, desde que asumimos, que se debía cumplir la ley”, puntualizó.

A ello, el fiscal agregó que solo por el caso Interoceánica se ha solicitado 20 años y 6 meses contra el expresidente. “Entendemos que en las siguientes semanas se van a debatir las pruebas que tiene la Fiscalía”, señaló.

El también abogado internacionalista conversó con Infobae y dio detalles del proceso que seguiría Sergio Tarache para que sea traído al Perú y responda por el delito de feminicidio en contra de Katherine Gómez.

A pocas horas de vencerse la captura preliminar de Sergio Tarache en Colombia, el ex canciller del Perú, Miguel Ángel Rodríguez MacKay conversó con Infobae para explicar sobre el proceso que seguiría el feminicida confeso para que sea traído a nuestro país y pueda responder ante la justicia.

A pocas horas de vencerse la captura preliminar de Sergio Tarache en Colombia, el ex canciller del Perú, Miguel Ángel Rodríguez MacKay conversó con Infobae para explicar sobre el proceso que seguiría el feminicida confeso para que sea traído a nuestro país y pueda responder ante la justicia.

A pocas horas de vencerse la captura preliminar de Sergio Tarache en Colombia, el ex canciller del Perú, Miguel Ángel Rodríguez MacKay conversó con Infobae para explicar sobre el proceso que seguiría el feminicida confeso para que sea traído a nuestro país y pueda responder ante la justicia.

A pocas horas de vencerse la captura preliminar de Sergio Tarache en Colombia, el ex canciller del Perú, Miguel Ángel Rodríguez MacKay conversó con Infobae para explicar sobre el proceso que seguiría el feminicida confeso para que sea traído a nuestro país y pueda responder ante la justicia.

A pesar de que las autoridades colombianas tienen la potestad para decidir, el exministro de Relaciones Exteriores, enfatizó en que existen criterios para que el Gobierno de Gustavo Petro pueda expulsar al feminicida y cumpla condena en Perú.

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“Colombia tiene que decidir expulsarlo y la expulsión es superrelativa. Jurídicamente, Colombia no está obligado a expulsarlo a Perú, pero el criterio dominante es que sea a nuestro país porque debe ser expulsado al lugar donde cometió el delito. Ese es el criterio y si no cumple Colombia entraría en una complicidad con la impunidad. Esto tiene un nombre propio: gobierno de Gustavo Petro que al término del plazo establecido para la ley colombiana no se toma una decisión sobre el destino este señor (Sergio Tarache). Me resisto al creer que el presidente Gustavo Petro sea indiferente con la justicia al decidir expulsarlo hacia Perú y que aquí sea condenado con cadena perpetua, pues si el gobierno Colombiano es indiferente con todo esto, evidentemente estará entrando en un clima de complicidad política”, explicó