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Política

López Obrador acusa al Gobierno de Perú de “optar por la represión y no por métodos democráticos”

El presidente López Obrador ha cargado contra el Gobierno peruano tras la expulsión ayer del embajador mexicano en aquel país. Ese Ejecutivo “está muy cuestionado por su proceder, sobre todo por optar por la represión y no por buscar al conflicto de Perú una salida mediante el diálogo y con el método democrático de convocar elecciones lo más pronto posible para evitar la inestabilidad política”. Las tensiones entre ambos países se han agudizado en las últimas horas debido a la decisión de México .

peruano Pedro Castillo. A las siete de la mañana de este miércoles, la mujer y los hijos de Castillo arribaron a México. El embajador no ha llegado aún, pero regresará en breve “porque le dieron 72 horas, fueron determinantes, así, al estilo policiaco, porque eso no tiene que ver con la democracia, ¿verdad?”, ha lanzado López Obrador.

El presidente ha repetido que son unas “élites” las que han impedido que Castillo pueda gobernar, conduciendo al país a la crisis institucional en que se halla inmerso. “Son grupos de poder económico y político y sus ambiciones personales, las que han llevado a tomar medidas arbitrarias como declarar persona non grata al embajador”, ha señalado. En todo caso, el gobierno mexicano ha decidido no romper relaciones con Perú porque “se necesita mantener la embajada.

ha dicho López Obrador. La mayoría de los turistas ya pudieron salir y se tramita el regreso de los que aún quieran hacerlo. “No están solos”, ha dicho el mandatario.

López Obrador también ha tenido palabras destempladas respecto a Estados Unidos, de cuyo Gobierno ha lamentado “que siempre habla de democracia y en este caso, en lugar de pedir que se respetara la voluntad del pueblo y al presidente electo de manera democrática, hayan avalado toda la maniobra truculenta para destituirlo”. Se ha preguntado por qué el Gobierno de Perú no ha tomado la misma decisión con la embajada mexicana estadounidense.

El presidente peruano Pedro Castillo pronunció un discurso el pasado 7 de diciembre en la televisión en el que disolvía el Congreso, donde esa misma tarde se iba a discutir una nueva moción de censura en su contra, pero no le apoyaron sus correligionarios, quienes lo calificaron de inmediato de golpe de Estado. Castillo fue detenido cuando trataba de llegar a la embajada mexicana y hoy permanece encarcelado. La vicepresidenta Dina Boluarte asumió la gobernanza del país, como dicta la Constitución peruana, y desde entonces las relaciones con México han sido tensas, descontenta Boluarte con las declaraciones del presidente sobre la crisis. El malestar se extendió hacia quienes también arroparon al depuesto Castillo.

López Obrador siempre ha mantenido el dictado de no injerencia en los asuntos internos de otros países, pero en esta ocasión ha tenido palabras duras contra lo ocurrido en Perú. Hoy ha censurado la decisión de aquel Gobierno de retrasar la convocatoria de elecciones hasta 2024, cuando estaba previsto que serían el año que viene. “¿Por qué no llaman a elecciones de inmediato para elegir a un nuevo presidente y, en tanto, que haya un presidente interino con ese propósito? De tal forma que la gente espere de manera racional y democrática que se enfrente el conflicto. Pero quererse imponer por la fuerza las autoridades, utilizando al Ejército, eso lamentablemente lo que va a generar es más sufrimiento e inestabilidad”, ha dicho. Hacía referencia a las protestas desencadenadas en el país desde el día 7 de diciembre, que ya han ocasionado más de 25 muertes.

El presidente ha insistido en que, sobre el conflicto peruano, México “solo ha dado a conocer su postura”. “Siempre defenderemos el derecho de asilo, es parte de nuestra política de Exterior”. “Les ha molestado [al Gobierno peruano] que no reconozcamos a la presidenta, pero nosotros nunca reconocemos a las autoridades extrajeras, esos asuntos les corresponden a los pueblos. Ese reconocimiento que hacen de otros gobiernos surgidos legalmente o mediante usurpaciones no es algo usual y nosotros lo hemos padecido en otras ocasiones, el que tuviera que reconocernos Estados Unidos”.

Y después, el mandatario ha anunciado su intención de reformar el artículo 33 de la Constitución para que no se pueda expulsar de México a nadie utilizando para ello al Instituto Nacional de Migración. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se ha encargado de presentar ese asunto. Ha dicho que el párrafo segundo de dicho artículo “ha sido usado con discrecionalidad para expulsar a ciudadanos, como profesores, embajadores o investigadores”.

Ha citado varios casos en la Administración de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, entre ellos algunos cantantes como Manu Chao o terroristas de ETA. El Gobierno planteará la reforma del artículo para garantizar a los extranjeros una audiencia previa a su expulsión.

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Política

Caso Lava Jato: corrupción en obras costaron al Perú más de 17 mil millones de dólares

Al menos 41 proyectos han sido salpicados por presuntos actos ilícitos que las constructoras brasileñas habrían cometido a cambio de ganar las licitaciones.

El caso Lava Jato ha provocado que varias altas autoridades y políticos en el Perú se vean envueltas en graves actos de corrupción. De hecho, los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski; así como los exalcaldes Luis Castañeda Lossio y Susana Villarán, y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, han sido involucrados en esta trama que inició en Brasil y se expandió a otros países de América Latina.

Sin embargo, lo que no se estimaba era cuántos proyectos del Estado estaban vinculados con los sobornos que habrían entregado diversas empresas brasileñas como Odebrecht, Camargo y Correa, OAS, entre otras. Un análisis realizado por el diario El Comercio, que recogió datos del Ministerio de Economía, comisiones investigadoras del Parlamento, la Contraloría General de la República y el Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado, brindó una pista.

De acuerdo al citado medio, al menos 41 obras tienen nexos a firmas que recibieron cerca de US$ 17, 285 millones por ser contratados con el Estado. Entre estas se encuentran el Gasoducto del Sur Peruano, iniciado bajo el gobierno de Humala en el 2014, que está a cargo de Odebrecht, Graña y Montero, y Enagás. Se ha considerado que será la obra más cara con un monto de US$ 7.328 millones.

Además, se encuentra la Carretera Interoceánica Sur que, como sabemos, llegó a costar cerca de US$ 3 162.2. Por esta obra, precisamente, se le acusa al expresidente Toledo de los delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos al recibir un soborno de 35 millones de dólares por los tramos dos, tres y cuatro de Odebrecht y Camargo Correa

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Política

Fiscalía niega que defensa de Alejandro Toledo ya haya solicitado prisión domiciliaria en el Perú

El fiscal José Domingo Pérez indicó que no se presentó, formalmente, dicha solicitud. En esta línea, aseguró que “confrontarán” los últimos anuncios del expresidente, entre ellos, su presunto deterioro de salud.

Mientras el expresidente Alejandro Toledo se entregaba a la justicia en Estados Unidos (EE.UU.), este viernes 21, la Fiscalía en el Perú formaba parte de la audiencia de control de requerimiento mixto, que involucra al señalado, por el caso Interoceánica.

“[Esto se produjo] como contraprestación del ofrecimiento de los 35 millones [de dólares] que hizo la constructora a favor de Toledo. [El dinero] se condujo a través de la empresa de Josef Maiman”, comentó el fiscal José Domingo Pérez al salir de la sesión.

El representante del Ministerio Público también brindó declaraciones a los medios de comunicación, tras abandonar el Primer Jugado de Investigación Preparatoria —presidida por el juez Richard Concepción Carhuancho— en torno a la entrega voluntaria de Toledo Manrique para ser deportado al Perú.

El funcionario fue consultado sobre una solicitud de prisión domiciliaria, de parte de la defensa legal del extraditable, a favor de Toledo tras su arribo al territorio nacional.

“No puedo adelantar posiciones que vayan a plantear la defensa del Sr. Toledo. Entendemos que, formalmente, no lo ha solicitado. (…) [Pero queremos] mostrar que de parte del equipo especial [Lava Jato] vamos a defender la posición de la sociedad que se vio agraviada por estos delitos de corrupció”, manifestó a RPP.

Por otro lado, el funcionario se pronunció sobre la comitiva peruana que viajará para trasladar, de Estados Unidos al Perú, al investigado; este será traído en un vuelo comercial por efectivos policiales de la Interpol.

“He solicitado formalmente, documentalmente, que tiene que viajar el fiscal Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Lava Jato, y otro fiscal para que pueda haber el debido proceso y traslado de esta persona”, indicó.

Confrontarán declaraciones de Toledo
En otro momento, Domingo Pérez precisó que la Fiscalía “enfrentará” los últimos anuncios de Alejandro Toledo sobre sus presuntos problemas de salud.

“[¿Está tratando de evadir la justicia?] Son posiciones que nosotros las vamos a confrontar, las vamos a contradecir, si es que no hay los elementos que sustentan una situación diferente. Siempre hemos sido firmes por el equipo que lidera el fiscal Vela, desde que asumimos, que se debía cumplir la ley”, puntualizó.

A ello, el fiscal agregó que solo por el caso Interoceánica se ha solicitado 20 años y 6 meses contra el expresidente. “Entendemos que en las siguientes semanas se van a debatir las pruebas que tiene la Fiscalía”, señaló.

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Política

Caso Sergio Tarache: “Si Colombia no lo expulsa al Perú, sería cómplice de impunidad”, asegura excanciller Rodríguez Mackay

El también abogado internacionalista conversó con Infobae y dio detalles del proceso que seguiría Sergio Tarache para que sea traído al Perú y responda por el delito de feminicidio en contra de Katherine Gómez.

A pocas horas de vencerse la captura preliminar de Sergio Tarache en Colombia, el ex canciller del Perú, Miguel Ángel Rodríguez MacKay conversó con Infobae para explicar sobre el proceso que seguiría el feminicida confeso para que sea traído a nuestro país y pueda responder ante la justicia.

A pocas horas de vencerse la captura preliminar de Sergio Tarache en Colombia, el ex canciller del Perú, Miguel Ángel Rodríguez MacKay conversó con Infobae para explicar sobre el proceso que seguiría el feminicida confeso para que sea traído a nuestro país y pueda responder ante la justicia.

A pocas horas de vencerse la captura preliminar de Sergio Tarache en Colombia, el ex canciller del Perú, Miguel Ángel Rodríguez MacKay conversó con Infobae para explicar sobre el proceso que seguiría el feminicida confeso para que sea traído a nuestro país y pueda responder ante la justicia.

A pocas horas de vencerse la captura preliminar de Sergio Tarache en Colombia, el ex canciller del Perú, Miguel Ángel Rodríguez MacKay conversó con Infobae para explicar sobre el proceso que seguiría el feminicida confeso para que sea traído a nuestro país y pueda responder ante la justicia.

A pesar de que las autoridades colombianas tienen la potestad para decidir, el exministro de Relaciones Exteriores, enfatizó en que existen criterios para que el Gobierno de Gustavo Petro pueda expulsar al feminicida y cumpla condena en Perú.

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“Colombia tiene que decidir expulsarlo y la expulsión es superrelativa. Jurídicamente, Colombia no está obligado a expulsarlo a Perú, pero el criterio dominante es que sea a nuestro país porque debe ser expulsado al lugar donde cometió el delito. Ese es el criterio y si no cumple Colombia entraría en una complicidad con la impunidad. Esto tiene un nombre propio: gobierno de Gustavo Petro que al término del plazo establecido para la ley colombiana no se toma una decisión sobre el destino este señor (Sergio Tarache). Me resisto al creer que el presidente Gustavo Petro sea indiferente con la justicia al decidir expulsarlo hacia Perú y que aquí sea condenado con cadena perpetua, pues si el gobierno Colombiano es indiferente con todo esto, evidentemente estará entrando en un clima de complicidad política”, explicó

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