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Política

Las tres veces que el Congreso de Perú le dijo ‘no’ a Pedro Castillo

A inicios de agosto, con 67 votos, el pleno del Congreso de Perú votó en contra de que el presidente Pedro Castillo estuviera presente en  Para octubre, cuando Castillo solicitó permiso para visitar al Papa Francisco en el Vaticano, logró más apoyos, pero petición también fue denegada (55 votos en contra, 54 a favor y seis abstenciones). A la tercera no fue la vencida: la semana pasada, el mandatario no fue autorizado, nuevamente por la Cámara, para viajar a México y recibir este viernes la presidencia.

El Congreso, sin embargo, sí aprobó que Castillo participara en el IV Gabinete Binacional entre Perú y Chile, en Santiago, a inicios de la próxima semana, donde se reunirá con su homólogo chileno, Gabriel Boric. ¿Cómo se explica que una solicitud sí sea aceptada y la otra no? ¿Por qué se le impide a Castillo desarrollar la política exterior, clave para cualquier Gobierno? ¿Se trata de obstruccionismo, el término que más ha acompañado al Congreso peruano en los últimos tiempos?

Diversos representantes de la oposición aducen que las primeras solicitudes denegadas fueron por el temor a que el presidente se fugara del país debido, por presunta corrupción, que involucran a su entorno más cercano. La última negativa,.

sin embargo, sería una represalia por el uso de la cuestión de confianza —un mecanismo constitucional del poder ejecutivo para derogar la ley que limita la reforma de la Constitución a través de un referéndum— del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Sin esa ley, promovida por Fuerza Popular, el principal bloque opositor, bastaría con que la ciudadanía recolectara 2,5 millones de firmas para realizar un referéndum sobre la Constitución e instaurar una Asamblea Constituyente, una de las principales promesas de campaña de Castillo. El sí a favor de su viaje a Chile, por el contrario, se trataría de un mensaje que se encuentra en Perú desde este domingo, de que este no es un Congreso que le ponga zancadillas al Gobierno.

Para el analista político Antenor Escudero, las acciones del Congreso han logrado que se defina más como “anti-Ejecutivo” que, propiamente, como poder legislativo. “Le dedican más tiempo al Ejecutivo que a su labor parlamentaria. Por eso tienen una producción legal baja. Bajo la excusa de que ejercen el control político, tratan de justificar que este poder solo se presenta como una oposición al Gobierno antes que un poder con labores propias”, explica.

Las tensiones entre el Congreso y el Ejecutivo no datan de este Gobierno. Es una piedra en el zapato que se ha ido acrecentando en las últimas décadas. Escudero agrega: “Diría que ha sido la situación durante los últimos 20 años. [Alejandrol toledo con una vacancia y siempre negoció con la oposición. [Alan] García tuvo la gran ventaja de una bancada grande que le permitió, junto a la derecha, tratar de equilibrar el peso que la oposición tenía.

[Ollanta] Humala no solo perdió aliados, sino que trataba de llegar a acuerdos con un Congreso intransigente. Lo que hemos visto es una progresiva intensificación del Congreso como anti-Ejecutivo, mucho más difuso con Toledo, pero tomando una forma más clara  clara con pedro [forzado a renunciar] y en adelante”.

Si bien es un problema contra la gobernabilidad de larga data, varios expertos coinciden en que todo se agravó a partir del 28 de julio de 2016, cuando líder de Fuerza Popular, no reconoció la victoria de Pedro Pablo Kuczynski en las urnas. Una victoria ajustadísima, por un margen de 0,23%, de las más reñidas de la política peruana. “Se viene repitiendo ´la historia sin fin’ desde el 2016: la principal fuerza opositora a los dos últimos gobiernos electos democráticamente no ha mostrado interés en reconocer su derrota electoral.

por lo que despliega su rol opositor desde una actitud matonesca. Hubo una suerte de tregua por la pandemia. Pero el libreto parecería repetirse cada vez que Keiko Fujimori se enfrenta a un nuevo nudo crítico de sus múltiples procesos judiciales”, sostiene la politóloga Valerie Tarazona Kong.

La Comisión de Alto Nivel de la OEA sostuvo reuniones a lo largo de este lunes. Por la mañana dialogaron en sesión privada con el presidente Castillo. Tras el encuentro, el mandatario se expresó en términos muy duros a través de sus redes sociales, diciendo que los recibió “para que sepan cómo algunos sectores pretenden poner en peligro la democracia y la estabilidad del país con mentiras”.

Después, la comitiva, integrada por seis cancilleres miembros de la Comisión Permanente de la OEA (Argentina, Ecuador, Costa Guatemala, Costa Rica, Belice y Paraguay), un vicecanciller (Colombia) y un excanciller (Paraguay), conversó con el presidente del Congreso, José Williams, y los demás miembros de su Mesa Directiva. Por la tarde, finalmente, se reunieron con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien presentó una denuncia constitucional contra Castillo, precisamente, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. “Estamos para escuchar todas las voces”, escribió la OEA en sus redes sociales. Mañana proseguirá con su agenda, entre las que está incluida una reunión con la Conferencia Episcopal Peruana.

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Política

Caso Lava Jato: corrupción en obras costaron al Perú más de 17 mil millones de dólares

Al menos 41 proyectos han sido salpicados por presuntos actos ilícitos que las constructoras brasileñas habrían cometido a cambio de ganar las licitaciones.

El caso Lava Jato ha provocado que varias altas autoridades y políticos en el Perú se vean envueltas en graves actos de corrupción. De hecho, los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski; así como los exalcaldes Luis Castañeda Lossio y Susana Villarán, y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, han sido involucrados en esta trama que inició en Brasil y se expandió a otros países de América Latina.

Sin embargo, lo que no se estimaba era cuántos proyectos del Estado estaban vinculados con los sobornos que habrían entregado diversas empresas brasileñas como Odebrecht, Camargo y Correa, OAS, entre otras. Un análisis realizado por el diario El Comercio, que recogió datos del Ministerio de Economía, comisiones investigadoras del Parlamento, la Contraloría General de la República y el Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado, brindó una pista.

De acuerdo al citado medio, al menos 41 obras tienen nexos a firmas que recibieron cerca de US$ 17, 285 millones por ser contratados con el Estado. Entre estas se encuentran el Gasoducto del Sur Peruano, iniciado bajo el gobierno de Humala en el 2014, que está a cargo de Odebrecht, Graña y Montero, y Enagás. Se ha considerado que será la obra más cara con un monto de US$ 7.328 millones.

Además, se encuentra la Carretera Interoceánica Sur que, como sabemos, llegó a costar cerca de US$ 3 162.2. Por esta obra, precisamente, se le acusa al expresidente Toledo de los delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos al recibir un soborno de 35 millones de dólares por los tramos dos, tres y cuatro de Odebrecht y Camargo Correa

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Política

Fiscalía niega que defensa de Alejandro Toledo ya haya solicitado prisión domiciliaria en el Perú

El fiscal José Domingo Pérez indicó que no se presentó, formalmente, dicha solicitud. En esta línea, aseguró que “confrontarán” los últimos anuncios del expresidente, entre ellos, su presunto deterioro de salud.

Mientras el expresidente Alejandro Toledo se entregaba a la justicia en Estados Unidos (EE.UU.), este viernes 21, la Fiscalía en el Perú formaba parte de la audiencia de control de requerimiento mixto, que involucra al señalado, por el caso Interoceánica.

“[Esto se produjo] como contraprestación del ofrecimiento de los 35 millones [de dólares] que hizo la constructora a favor de Toledo. [El dinero] se condujo a través de la empresa de Josef Maiman”, comentó el fiscal José Domingo Pérez al salir de la sesión.

El representante del Ministerio Público también brindó declaraciones a los medios de comunicación, tras abandonar el Primer Jugado de Investigación Preparatoria —presidida por el juez Richard Concepción Carhuancho— en torno a la entrega voluntaria de Toledo Manrique para ser deportado al Perú.

El funcionario fue consultado sobre una solicitud de prisión domiciliaria, de parte de la defensa legal del extraditable, a favor de Toledo tras su arribo al territorio nacional.

“No puedo adelantar posiciones que vayan a plantear la defensa del Sr. Toledo. Entendemos que, formalmente, no lo ha solicitado. (…) [Pero queremos] mostrar que de parte del equipo especial [Lava Jato] vamos a defender la posición de la sociedad que se vio agraviada por estos delitos de corrupció”, manifestó a RPP.

Por otro lado, el funcionario se pronunció sobre la comitiva peruana que viajará para trasladar, de Estados Unidos al Perú, al investigado; este será traído en un vuelo comercial por efectivos policiales de la Interpol.

“He solicitado formalmente, documentalmente, que tiene que viajar el fiscal Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Lava Jato, y otro fiscal para que pueda haber el debido proceso y traslado de esta persona”, indicó.

Confrontarán declaraciones de Toledo
En otro momento, Domingo Pérez precisó que la Fiscalía “enfrentará” los últimos anuncios de Alejandro Toledo sobre sus presuntos problemas de salud.

“[¿Está tratando de evadir la justicia?] Son posiciones que nosotros las vamos a confrontar, las vamos a contradecir, si es que no hay los elementos que sustentan una situación diferente. Siempre hemos sido firmes por el equipo que lidera el fiscal Vela, desde que asumimos, que se debía cumplir la ley”, puntualizó.

A ello, el fiscal agregó que solo por el caso Interoceánica se ha solicitado 20 años y 6 meses contra el expresidente. “Entendemos que en las siguientes semanas se van a debatir las pruebas que tiene la Fiscalía”, señaló.

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Política

Caso Sergio Tarache: “Si Colombia no lo expulsa al Perú, sería cómplice de impunidad”, asegura excanciller Rodríguez Mackay

El también abogado internacionalista conversó con Infobae y dio detalles del proceso que seguiría Sergio Tarache para que sea traído al Perú y responda por el delito de feminicidio en contra de Katherine Gómez.

A pocas horas de vencerse la captura preliminar de Sergio Tarache en Colombia, el ex canciller del Perú, Miguel Ángel Rodríguez MacKay conversó con Infobae para explicar sobre el proceso que seguiría el feminicida confeso para que sea traído a nuestro país y pueda responder ante la justicia.

A pocas horas de vencerse la captura preliminar de Sergio Tarache en Colombia, el ex canciller del Perú, Miguel Ángel Rodríguez MacKay conversó con Infobae para explicar sobre el proceso que seguiría el feminicida confeso para que sea traído a nuestro país y pueda responder ante la justicia.

A pocas horas de vencerse la captura preliminar de Sergio Tarache en Colombia, el ex canciller del Perú, Miguel Ángel Rodríguez MacKay conversó con Infobae para explicar sobre el proceso que seguiría el feminicida confeso para que sea traído a nuestro país y pueda responder ante la justicia.

A pocas horas de vencerse la captura preliminar de Sergio Tarache en Colombia, el ex canciller del Perú, Miguel Ángel Rodríguez MacKay conversó con Infobae para explicar sobre el proceso que seguiría el feminicida confeso para que sea traído a nuestro país y pueda responder ante la justicia.

A pesar de que las autoridades colombianas tienen la potestad para decidir, el exministro de Relaciones Exteriores, enfatizó en que existen criterios para que el Gobierno de Gustavo Petro pueda expulsar al feminicida y cumpla condena en Perú.

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“Colombia tiene que decidir expulsarlo y la expulsión es superrelativa. Jurídicamente, Colombia no está obligado a expulsarlo a Perú, pero el criterio dominante es que sea a nuestro país porque debe ser expulsado al lugar donde cometió el delito. Ese es el criterio y si no cumple Colombia entraría en una complicidad con la impunidad. Esto tiene un nombre propio: gobierno de Gustavo Petro que al término del plazo establecido para la ley colombiana no se toma una decisión sobre el destino este señor (Sergio Tarache). Me resisto al creer que el presidente Gustavo Petro sea indiferente con la justicia al decidir expulsarlo hacia Perú y que aquí sea condenado con cadena perpetua, pues si el gobierno Colombiano es indiferente con todo esto, evidentemente estará entrando en un clima de complicidad política”, explicó

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