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Política

José Alemán, gobernador de Tumbes: “La crisis política nos afecta a todos”

Son pocas las autoridades de la región  tunes as que decidieron pronunciarse ayer respecto a los acontecimientos de carácter político que ha generado una crisis profunda en el país; sin embargo, uno de los que decidió salir al frente para comentar esta situación fue el gobernador encargado, José Alemán Infante.

“La crisis política nos afecta a todos”, es lo que mencionó la autoridad regional al ser consultada sobre el anuncio de Pedro Castillo Terrones de cerrar el Congreso, así como su posterior vacancia, detención y la toma de mando de Dina Boluarte como jefa de Estado.
Alemán Infante calificó la medida de Pedro Castillo sobre el cierre del Parlamento.

como un acto inconstitucional, que altera el orden democrático y la gobernabilidad. En ese sentido, hizo hincapié en que los principales afectados de esta inestabilidad política serán los ciudadanos de a pie y las autoridades electas, quienes tendrán que regirse a las directrices que implemente el nuevo gobierno de transición.

Un día previo a todo este desenlace, el gobernador encargado de Tumbes, ya había adoptado una postura en la que remarcaba la importancia de la gobernabilidad. Dijo estar en contra del pedido de vacancia y de un posible cierre del Parlamento.

En esa corriente, ayer por la tarde, mencionó que se suscribía el comunicado emitido por la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales (ANGR), en el cual se rechazó “el autogolpe perpetrado por el Presidente de la República, que quebranta el estado de derecho y las normas democráticas”.

Una de las autoridades de la región que ha venido mostrando su apoyo al expresidente Pedro Castillo, desde que asumió funciones es el alcalde provincial de Tumbes, Jimy Silva, quien tras la detención del exmandatario prefirió no brindar declaraciones a la prensa.

Los alcaldes provinciales de Contralmirante Villar, Jesús Luna, y de Zarumilla, Cristian Palacios, tampoco se han pronunciado públicamente ante esta coyuntura política.
Por otro lado, el prefecto de Tumbes, Williams Cornejo Lavalle, quien en octubre de este año asumió funciones, dijo que no renunciará a su cargo y esperará lo que disponga la nueva autoridad que está al frente del Ejecutivo.

“Nosotros no podemos rehuir ante nuestra gestión de gobierno, esta Prefectura no puede quedar huérfana, a la deriva, sería un acto desleal a nuestra institucionalidad, serán las nuevas autoridades las que nos digan que sigamos con la confianza o que ordenen poner nuestros cargos a disposición”, expresó Cornejo Lavalle, haciendo referencia a su puesto, así como a los demás subprefectos de Tumbes.

Sobre la crisis política evitó hacer comentarios que lo colocaran a favor o en contra del Ejecutivo y Legislativo, por tal motivo, comentó que “como prefecto defendemos la constitucionalidad, somos parte del gobierno y debemos ser coherentes, cada poder del Estado toma su decisión de acuerdo a la constitución”.

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Política

Congresistas en Perú presentan una moción de destitución contra Boluarte

Un grupo de congresistas peruanos de izquierdas, en minoría en el Legislativo, ha presentado este miércoles una moción de vacancia (destitución) contra la presidenta Dina Boluarte por «permanente incapacidad moral» para seguir al frente de la jefatura del Estado.

En el documento, que ha sido firmado por 26 parlamentarios, se esgrime como argumento para su destitución que Perú «está siendo desangrado por el pésimo manejo gubernamental de las fuerzas del orden que lidera la señora Boluarte».

«Se asume que tanto la señora Boluarte, como ninguno de los miembros de su gabinete están dispuestos a renunciar, a pesar de que nuestro pueblo sigue siendo literal y nefastamente masacrado. No hay otro término que se podría usar», continúa la misiva.

El grupo de parlamentarios ha justificado su decisión señalando a la mandataria como responsable de las muertes que se vienen produciendo en Perú a causa de las manifestaciones, según ha informado la emisora RPP.

La presentación de una moción de este tipo debe contar, cuando menos, con la firma de 26 legisladores, tras lo cual deberá recibir 52 votos para ser admitida a trámite y para que se declare la destitución de un gobernante requiere del apoyo de 87 de los 130 congresistas.
La iniciativa, presentada por la congresista de Perú Democrático, Nieves Limachi, ha sido respaldada por algunos de sus compañeros de bancada como Guillermo Bermejo o la ex primera ministra Betssy Chávez. Además, entre otros firmantes se encuentran los congresistas Ruth Luque, Sigrid Bazán e Isabel Córtez de Cambio Democrático; Alex Flores y Waldemar Cerrón de Perú Libre; o Víctor Cutipa de Perú Bicentenario.

El pasado 7 de diciembre, tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo tras su fallido autogolpe de Estado, comenzaron unas protestas antigubernamentales que se expandieron por todo el país desde el 11 de diciembre y que en enero se han mantenido con fuerza.

Desde entonces, 46 manifestantes han perdido la vida en enfrentamientos con las fuerzas del orden, y un policía fue quemado vivo. Al menos, 16 personas más han perdido la vida en distintos escenarios relacionados con los bloqueos de carreteras por parte de manifestantes, según han confirmado la Defensoría del Pueblo, Acnur, Unicef y la Policía.

Los manifestantes exigen la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria adelantada de elecciones generales y de una asamblea constituyente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado en varias ocasiones que la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente «carece de definición objetiva y la misma tampoco ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional de Perú».

Esa situación, a su juicio, «puede afectar la separación e independencia de los poderes públicos», por lo que ha instado al Estado «a que, por medio de las autoridades competentes, avance con dicha definición con el fin de restringir su uso arbitrario e inconsistente con el Estado de Derecho».

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido este miércoles a las autoridades peruanas «que lleven a cabo investigaciones rápida, efectivas e imparciales» de las muertes registradas en las protestas en el país, que duran ya varias semanas.

En un mensaje emitido esta noche por su portavocía, ha pedido además «que se evite la estigmatización de las víctimas», además de reiterar su «gran preocupación» por la situación en el país y por el número de muertes producidas.

También ha solicitado específicamente a las autoridades «que cumplan con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos», y reiteró que las medidas de suspensión del derecho de reunión pacífica «deben limitarse a lo estrictamente requerido por la situación y ser coherentes con otras obligaciones del derecho internacional».

El llamamiento de Guterres contiene además una frase que parece dirigida a los manifestantes, cuando dice que «las protestas deben desarrollarse de manera pacífica, respetando el derecho a la vida».

El Secretario General subraya igualmente que es fundamental «generar las condiciones para un diálogo significativo e inclusivo» que permita abordar la crisis actual.

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Política

Avanza País busca reducir plazo para investigar en el Congreso las muertes en las protestas contra Dina Boluarte

La congresista Adriana Tudela presentó una reconsideración a la votación que decidió crear una comisión que tenga 90 días para indagar lo ocurrido en las manifestaciones. Ahora, apunta a que se reduzca a 60 días.

El pasado 12 de enero, el Pleno del Congreso de la República aprobó con 71 votos a favor, 45 en contra y una abstención la conformación de una comisión que investigue y halle a los responsables políticos de las muertes dejadas durante las violentas protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte en la ciudad de Puno.

La propuesta nació del parlamentario Edgar Reymundo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), quien planteó que este grupo de trabajo esté integrado por todas las bancadas de la representación nacional y tenga un plazo de 90 días calendarios.

Entre los grupos que se mostraron en contra de esta propuesta estuvo la bancada de Avanza País. La congresista Adriana Tudela presentó una reconsideración el mismo día de la votación para realizar algunos cambios a este grupo de trabajo.

En el documento se indica que “la comisión investigadora multipartidaria que determine las presuntas responsabilidades penales y políticas de las graves afectaciones a los derechos humanos, tales como la vida y la integridad física, en contra de ciudadanos y agentes del orden ocurridas desde el 7 de diciembre del 2022 en todo el territorio nacional” pase a llamarse a “una comisión investigadora que determine las responsabilidades penales y políticas de las graves afectaciones a los derechos humanos, tales como la vida y la integridad física”.

El detalle pasa aquí que se pondría en peligro el carácter de multipartidario para que todas las bancadas tengan presencia en la comisión investigadora. Por lo pronto, el número de integrantes y el criterio de proporcionalidad será debatido en la Junta de Portavoces tal como lo anunció José Williams, titular de la Mesa Directiva del Parlamento.

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Política

Perú protesta ante «nuevo acto de injerencia» de Gustavo Petro

El Gobierno de Perú expresó este lunes (23.01.2023), mediante una nota diplomática, su «enérgica protesta por el nuevo acto de injerencia» del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en asuntos de política interna, luego de que este se pronunciara sobre el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima.

El Ministerio de Relaciones Exteriores peruano informó en Twitter que el Gobierno de Dina Boluarte «entregó hoy una nota a la Embajada de Colombia con la enérgica protesta del Perú por el nuevo acto de injerencia del presidente Gustavo Petro en temas de política interna, conducta no consistente con las normas del derecho internacional».

La cartera precisó que dicho documento se refiere a las recientes declaraciones del presidente colombiano sobre los hechos ocurridos el 21 de enero en la Universidad de San Marcos de Lima, donde un contingente policial ingresó a la fuerza para desalojar a los cientos de manifestantes llegados de distintas partes del país y refugiados en el recinto estudiantil para participar de las protestas en la capital.

«La nota (…) señala que sus actos de injerencia son inconsistentes con la conducta que todo jefe de Estado debe observar en cumplimiento del derecho internacional», enfatizó el Ministerio.

Tras la intervención policial de este sábado en la San Marcos, la universidad más antigua de América, Petro compartió en Twitter un video sobre la irrupción policial al campus y afirmó que la Organización de Estados Americanos (OEA) debía evaluar la situación en Perú.

«Allanar universidades. Gritar ¡Muera la inteligencia! El Consejo Permanente de la OEA debe ser citado para examinar el caso de Perú», escribió el mandatario colombiano, quien en diciembre pasado salió en reiteradas ocasiones en defensa del expresidente Pedro Castillo, tras su fallido autogolpe.

Horas después, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, le respondió en un mensaje en el que lo exhortaba a ocuparse «de sus asuntos» y a «gobernar para los suyos».

«Ocúpese de sus asuntos señor Petro. (El) Consejo Permanente de OEA también podría examinar masacres ocurridas durante su Gobierno. La última en el Putumayo. Gobierne para los suyos, asista a las víctimas, mejore sus universidades», le dijo Otárola.

El Congreso de Perú aprobó a fines del 2022 una moción parlamentaria en rechazo a «los constantes actos de intromisión en los asuntos internos» del país por parte de Petro y de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, el Gobierno de Boluarte ya había mostrado en diciembre su «profundo malestar» por las declaraciones de Petro en apoyo a Castillo al considerarlas una injerencia «inaceptable» en los asuntos internos del país en otra nota diplomática.

El anuncio de la Cancillería sobre esta nueva nota entregada a la Embajada de Colombia en Perú se divulgó horas después de que la cartera anunciara que está evaluando tomar acciones ante «actos de injerencia» por parte del presidente boliviano, Luis Arce, quien se refirió este domingo a la crisis que atraviesa Perú.

Perú ya declaró en diciembre pasado persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, quien abandonó el país andino junto con la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y sus dos hijos, después de que estos pidieran asilo en México.

DW conversó con Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, sobre la crisis del país, las protestas y las condiciones que ponen los manifestantes para negociar.

Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, y a sus 83 años recuperará su libertad.

Una encuesta reveló que un 74 % de la rechaza la labor del Congreso y un 65 % el trabajo del Consejo de Ministros.

El Gobierno de Perú realizó una “enérgica protesta” contra el presidente de Bolivia, Luis Arce, por una supuesta injerencia en sus asuntos internos, lo cual fue rechazado por la Cancillería boliviana.

Los organizadores de las manifestaciones dicen que no van a bajar los brazos hasta lograr la dimisión de la presidenta Dina Boluarte.

En un mensaje televisivo, la mandataria pidió «perdón» si se equivocó y aseguró que continuará «promoviendo el diálogo».

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