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Enrique Zuleta Puceiro El Poder Judicial es hoy el escenario de la lucha de la política con la verdad

Cómo cambió el abordaje periodístico de los temas judiciales, y los intereses de la sociedad. El fin de la democracia deliberativa y la imposilidad de consensos. De las Cortes «a medida» a los costos del activismo judicial, en un diálogo a fondo con El Litoral.

«La gente va a los medios a confirmar lo que piensa o lo que intuye. Hay un sesgo de confirmación total. No va a buscar un dato objetivo que le permita situarse». En esa sentencia cifra el prestigioso analista político y docente universitario Enrique Zuleta Puceiro uno de los principales problemas que afectan la percepción del Poder Judicial que tiene la sociedad (y del que la propia Justicia no consiguió hacerse cargo), pero también al propio funcionamiento institucional del país, cuyas bases se asientan sobre una premisa que no se corresponde con la realidad, y que acaso hoy por hoy sea completamente ilusoria.

la democracia deliberativa.
La excusa para el extenso diálogo con El Litoral fue el cierre de la edición 2022 del Curso de Periodismo Judicial, que desarrolla anualmente la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El temario, entonces, discurre sobre los desafíos de la relación entre prensa y Justicia, pero firmemente inserto y determinado por el estado de la política y el imperio de los «hechos alternativos» a la concepción tradicional de la verdad.

Por eso, Zuleta Puceiro empieza por destacar la creación del Centro de Información Judicial en 2006 ( tras el encuentro nacional de jueces desarrollado en Santa Fe), que encontró allí su motivación, la de facilitar el acceso de la opinión pública al mundo de la Justicia, pero también sus límites.

«Una de sus primeras ideas fue asumir que los jueces no hablan solo por sus sentencias, y sobre esa base evolucionó hasta hoy. Pero el problema de fondo que no previó es cómo cambió el entorno de la relación de los medios con la sociedad, algunos cambios son profundísimos e irreversibles.

¿A qué se refiere?
La gente no lee mas diarios, pasa mucho más tiempo en las redes sociales, ya no es la tapa de los diarios los que rige la opinión pública. Hay mucha gente que ya no los lee, ni piensa hacerlo. La gente va a los medios a confirmar lo que piensa o lo que intuye. Hay un sesgo de confirmación total. No va a buscar un dato objetivo que le permita situarse.

De hecho, mucha gente ni siquiera lee las noticias, no importa cuál sea el soporte. A veces no más que el título, para después comentar lo que ya opinaban antes.

Es que las sociedades han dado vuelta la teoría de la verdad. Frente a la verdad como correspondencia, que es una proposición que describe algo con relación a los hechos; o la verdad como coherencia, una proposición que cierra racionalmente, hay otras concepciones. Incluso lo que se llama las posverdad; hay hechos alternativos. El populismo tiene entre otras cosas, una teoría de la sociedad, de la democracia, de la economía política, y una teoría de la verdad. Y la impone, y ese combate se lleva a cabo en una sede central, que es la Justicia. Porque ése es el conflicto. El populismo lucha con la República en los medios, y en los temas judiciales.

¿Eso pasa solamente en Argentina?
No, en todos lados. Y hoy para los medios los temas de Justicia son algo central. Antes era algo lateral, la noticia judicial era un hecho policial. Hoy la sustancia de la noticia judicial pasa por temas de alto voltaje político. Conflicto de la Corte con el Congreso. Antes decíamos, «no importa, porque la Corte tiene la última palabra». Pero ya no es así.

No tiene la Corte la última palabra. Hay «alternative facts», como dice Donald Trump. ¿Y como se resuelve ese conflicto? Para abordar esto, ahora los medios tienen especialistas. La mayor parte de las investigaciones sobre temas de corrupción que vinculan al poder surgen de un recorte de un diario.

La sociedad percibe hoy a la Corte como fuertemente politizada. ¿Esto es así, o es efecto del discurso del sector político?.

Es así, la Corte toma posición. Y lo hace fundamentalmente a través de dos jueces, que son Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Juan Carlos Maqueda acompaña, Ricardo Lorenzetti no. Y la Corte no se puede reconstruir, porque tiene bloqueada su constitución. Está bloqueada porque no va a haber dos tercios legislativos en ningún momento para designar a ningún juez, la minoría nunca va a permitir los dos tercios a la mayoría.

Esta mayoría especial se impuso en la reforma de 1994 para limitar al Ejecutivo y obligar a la búsqueda de consenso.

Todas las mayorías relativas están pensadas en las Constituciones sobre la base de que existía una primacía en el Congreso, y que en el Congreso se deliberaba. Y los diputados, que representaban al pueblo, y los senadores, que representaban a las provincias, discutían, libre y racionalmente, y encontraban o no acuerdos. Y las mayorías estaban limitadas por la necesidad de buscar acuerdos con las minorías. La democracia era un ámbito racional.

Muchísimos procesos constitucionales se basaron en la hipótesis de la democracia deliberativa. La Constitución del ’94 fue consagrada por gente que creía en eso. Sobre todo Raúl Alfonsín creía, y los juristas que trabajaban con él, y también algo menos los juristas que acompañaban a Carlos Menem.

Menem no creía mucho, pero acompañaba. Entonces, el supuesto de la democracia deliberativa establecía que vamos a regular las desmesuras y los abusos sobre la base de una exigencia de mayorías calificadas. Ahora, ninguno esperaba que la democracia se convirtiera en otra cosa. Un escenario de alta conflictividad, donde los diputados y senadores representan en realidad a partidos, o ni siquiera, sino bloques o sectores de partidos muy divididos (ocho peronismos por lo menos, cinco radicalismos) y giran más alrededor de candidatos que de liderazgos, doctrinas o principios.

¿Esto pasa con todos los partidos?
A lo mejor el radicalismo sigue siendo un partido, aún con divisiones. Pero el resto en realidad son fuerzas constituidas por sectores fuertemente enfrentados. Entonces, una vez que se establece una hegemonía (pensemos en el peronismo, el caso del kirchnerismo en el Senado), no hay posibilidades de deliberación. Cosa que, como dijimos, pasa en el mundo. como consecuencia de la decadencia del papel de la palabra, que es correlativa a su vez con esta crisis de la verdad, a este advenimiento de la posverdad.

Entonces, en ese régimen de altísimo contenido emocional y discrecionalidad, aterrizan las cuestiones de la mayoría. Y puede toparse con una minoría que, bajo ningún concepto y por ninguna razón, está dispuesta a aceptar algo que permita progresar lo que impulsa la mayoría.

Podrá encontrar los mejores candidatos, trascendentes a la política, y aún así la minoría no le va a dar los votos, ni va a permitir desbloquear la institucionalidad. En consecuencia, el gobierno no va a buscar ese tipo de candidatos. Va a proponer gente que exacerba el extremismo, y sus concepciones y sus ideas, con perfiles altísimamente partidarios o sectarios. Entonces, como no hay esperanza de que me aprueben para la Corte una mujer con alta capacidad y experiencia, que las hay de sobra.

voy a mandar una líder de tal o cual sector sociocultural, o que exprese de una manera extrema las ideas que yo promuevo. Y el campo de las instituciones se convierte en un escenario más de la espectacularización de la política.

 Lo cual supone un problema para el debido funcionamiento del Poder Judicial.
Me parece que ése es el principal problema que tiene. Porque esto fortalece la tendencia de los gobiernos a intentar formar Cortes a su medida. Si uno excluye el caso de De la Rúa (que por debilidad política y no por otra cosa) no cambió la Corte, todo el resto de los presidentes quiso hacerlo. No a su imagen y semejanza, pero sí a su interés. La Corte de Néstor Kirchner no era como él, era una Corte muy interesante. Pero que a la vez, pudiera cumplir un determinado.

papel en lo que para el gobierno era fundamental, que era investigar los crímenes de lesa humanidad y sobre todo trabar lo que había empezado a producirse, que era una contrarrevolución en el campo laboral, que era lo que había habilitado la Corte de Menem.
Las democracias generan gobiernos que conciben al Poder Judicial como un auxiliar del poder político. La Corte de Menem, sobre todo en los fallos en los que intervino Rodolfo Barra.

expresa que la Justicia debe acompañar un proceso de transformación. Que para Menem es la apertura económica, las privatizaciones, la desregulación, la entrada al mundo, el cambio en la legislación laboral. Fue la reforma de los ’90, y la Corte lo dice en muchos fallos.

Con ese sentido, Macri impone a Rosencrantz y Rosatti por decreto. Necesitaba encarar transformaciones, y no iba a esperar que el Congreso nombre o no nombre a sus candidatos. Ése fue uno de los grandes conflictos de poder que se produjeron. Imaginemos si ahora Alberto Fernández sacara un decreto y nombrara a dos personas.

También hay un foco mucho mayor en las personas, más que en la institución.

Es que ésto es así también por las personas. Lorenzetti tiene un perfil político muy fuerte, aparte de sus méritos extraordinarios como jurista, como abogado y sobre todo como tratadista (es un hombre que reinventó el Derecho Ambiental, por ejemplo, la teoría de los contratos). Pero él prefirió jugar un papel político. Devolverle al Poder Judicial el rol constitucional de tercer poder del Estado, dotar a los jueces de protagonismo.

Esto llevó a la Justicia a crecer, y a tropezar con los otros poderes, que pretendían mantenerla en un rol secundario, de acompañar. Rosencrantz y Rosatti (que son dos abogados muy calificados y además son juristas, no son amigos políticos del presidente) llegan en el marco de un proceso político en el que Macri no está dispuesto a entrar en el juego de político de espera a negociar, los nombra por decreto; aunque después por la presión de la opinión pública y el conflicto con el Congreso recién asumen cuando son votados ahí.

-¿Cómo se resuelve el problema de los consensos? Porque hoy no podemos pensar en completar la Corte, ni siquiera se pudo elegir al Procurador; ni hablar de resolver los choques de poderes…

Es un problema irresoluble. Porque en otros países hay un tribunal constitucional o el Consejo de Estado para laudar o arbitrar en un conflicto entre la Corte y el Ejecutivo, o el Congreso. En Argentina no hay nada así. Es una debilidad institucional que parte de la base de que los Ejecutivos ponen a sus propias Cortes, y esos conflictos no ocurren. Acá ante un conflicto no hay una última palabra. Podría haberla desde el punto de vista jurídico-institucional, pero no en los hechos. Y la opinión pública ve a la Justicia con un 14 % de aprobación (muy bueno o bueno), según la última encuesta nacional. Similar al de los partidos políticos, al del propio Congreso y del Presidente. Ninguno llega al 20 %. La única institución que hoy por hoy tiene una mejor percepción es la universidad pública, como concepto. En todas las encuestas. Pero esto también es mundial.

¿Y acá en Argentina cuando empieza?
La Justicia tuvo un momento donde podía desempeñar otro rol. Fue en el ’83, cuando Alfonsín elige, como terreno firme para apoyar la palanca y reformular la relación cívico-militar, a la Justicia. Que aunque venía de la época militar, nadie dudaba de que una instancia en la que se podía confiar para resolver ni más ni menos que el tema central de la democracia en Argentina, que era el poder militar. Han pasado casi 40 años de eso, y la Justicia ha dado la vuelta y se ha colocado en el otro extremo. Y en esto tienen que ver todas las transformaciones de las que estamos hablando, pero también la propia Justicia. Que ha tomado posiciones políticas.

ha desarrollado un activismo muy acusado, no se ha hecho cargo de muchas cuestiones internas (por ejemplo el pago de impuestos, que la sociedad le exige desde siempre), ni ha producido una transformación profunda hacia adentro. Y sin embargo, ha asumido un activismo político. Y eso tiene un costo.

¿Cómo lo podría evitar?
La Corte lo que tiene que hacer es generar un shock de credibilidad. Rosenkrantz lo ha explicado bastante bien. Hay un concepto fundamental, que es la self-restraint, la autorrestricción. No debemos tomar todas las provocaciones, todos los temas. Tenemos que elegir las cuestiones que nos permitan reforzar nuestro rol arbitral en la sociedad. Si no aceptamos un rol arbitral, y tomamos posición, inevitablemente deterioramos esa capacidad, y eso tiene un costo en materia de credibilidad. Los objetivos del CIJ eran la información judicial y la comunicación. Pero faltó asumir que había cambios en la sociedad.

que obligaban a otras cosas. Generar debate, perfeccionar el conocimiento por parte de la gente, crear una discusión pública sobre la manera en que se resuelven los conflictos. La Corte abandonó esto, entre otras razones porque ella misma estaba en el centro del conflicto; era cuestionada, era discutida, recibió ataques del gobierno y de la oposición.

Entonces se puso a la defensiva, y se produjo un desequilibrio en la información. Mejoró muchísimo en la difusión de la sentencia, pero no en la transparencia de lo que discutía, la selección de los casos, el manejo de los tiempos, la argumentación hacia la sociedad, buscar en la sociedad un nivel de comprensión. Creo que subestimó la idea de que la Justicia era parte de un proceso político, aunque no quisiera.

¿Y qué rol le cabe a los medios?
Bueno, hoy no hay prácticamente medios que no tengan una posición política tomada; y así lo hacen también los periodistas más importantes, en notas firmadas sobre cuestiones que pasan por el Poder Judicial. La discusión entre «éstos son hechos» y «éstas son opiniones», se ha visto reemplazada por «éstos son mis valores», y los valores, el «deber ser», prima sobre lo otro, la descripción de los hechos. Finalmente, el vedetismo de algunos jueces le da un tono a la Justicia que no se compadece con el de los miles que ejercen su profesión de manera seria y rigurosa. Son muy pocos casos, pero tiñen las cosas, porque ocupan el centro del debate.

Y la política hace su negocio magnificando esos casos, que se ventilan en Comodoro Py. Y que no conforman el grueso de la actividad judicial, que pasa por las Cortes de provincia, adonde nadie mira. Pero que es donde se está determinando la jurisprudencia de lo que afecta a la gran mayoría de la población.

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Adelanto de elecciones: cómo es el cronograma que propone Fuerza Popular

El presidente de la Comisión Constitución del Congreso, Hernando Guerra, plantea que los comicios generales en el Perú se realicen en octubre este año, y ya no en octubre de 2024. Conoce más detalles aquí.

Cronograma de la propuesta de adelanto de elecciones del fujimorismo. Canal N
En el Pleno del Congreso de la República, en estos momentos, se viene debatiendo la nueva propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, para que el adelanto de elecciones generales se celebre en octubre de este año y ya no en octubre de 2024.

El texto de la iniciativa planteada por el congresista de la bancada de Fuerza Popular señala que la presidenta de la República, Dina Boluarte, actualmente en funciones convoca a elecciones generales, las que se llevarán a cabo en el mes de octubre de 2023. Además, considera que la jefa de Estado concluye su mandato el 31 de diciembre de 2023, exceptuándose del plazo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución.


Por consiguiente, el presidente de la República electo en las Elecciones Generales 2023 presta el juramento de ley y asume sus funciones el 01 de enero de 2024, exceptuándose del plazo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política del Perú, y culmina su mandato el 28 de julio de 2029 (por cinco años y medio).

En relación a los congresistas de la República y los representantes ante el Parlamento Andino elegidos en las Elecciones Generales 2021 culminan su representación el 30 de diciembre de 2023, exceptuándose el plazo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución.

En ese sentido, los congresistas de la República y los representantes ante el Parlamento Andino electos en las Elecciones Generales 2023 prestan el juramento de ley y asumen sus funciones el 31 diciembre de 2023 y culminan su mandato el 26 de julio de 2029.

El dictamen también refiere que el Congreso de la República, con la asistencia técnica de las entidades que conforman el sistema electoral, elabora y aprueba la normativa procesal electoral aplicable a las Elecciones Generales 2023.

Propuesta del JNE
Según el calendario del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que fue enviado por vía interna a pedido de algunos parlamentarios, señala que los comicios para elegir a presidente y vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos se realizarían el domingo 08 de octubre de 2023.

De acuerdo al cronograma propuesto por el JNE, el padrón electoral se cerraría el 20 de febrero de 2023, posteriormente el 12 de marzo de 2023 es la fecha límite para convocatoria a elecciones generales y también la fecha límite para presentar la ficha de afiliación ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Seguidamente, el 11 de abril es la fecha de remisión del padrón complementario al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), luego el 21 de abril se aprobaría el padrón definitivo. Más adelante, del 26 abril al 11 de mayo sería el periodo para la realización de las elecciones internas realizadas por cada organización política, exceptuándose las elecciones primarias.

 

Luego, el 20 de junio es el plazo para que las organizaciones políticas logren su inscripción en el ROP y también es la fecha límite para la presentación de fórmulas y listas de candidatos. Posteriormente, el 30 de julio es el sorteo de miembros de mesa.

Después, el 09 de agosto es la fecha límite para publicaciones de listas admitidas. En seguida, el 08 de setiembre es la fecha límite de resolución de tachas y exclusiones por dádivas y otros motivos. Luego el día crucial de las elecciones generales se realizarían el 08 de octubre; y si hay una segunda vuelta de elección presidencial esta se celebraría entre noviembre a diciembre.

Cabe precisar que, hasta el momento, hay 12 agrupaciones políticas inscritos en el JNE, que podrían participar en las elecciones. Estas son: Acción Popular (AP) Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Fuerza Popular (FP), Juntos por el Perú (JP), Somos Perú (SP), Partido Morado, Perú Libre (PL), Podemos Perú, Renovación Popular, Partido Frente de la Esperanza y Partido Patriótico del Perú.

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Francisco Mora, embajador de EEUU ante la OEA: “El Gobierno de Perú está comprometido con el diálogo y una salida política a la crisis”

El funcionario norteamericano aseguró, además, que Washington apoyará al Ejecutivo a encontrar una solución pacífica al conflicto político y social que atraviesa ese país.

En medio de la crisis política que está atravesando Perú, este jueves el embajador norteamericano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Francisco Mora, destacó los esfuerzos del gobierno de Dina Boluarte por encontrar una salida pacífica a la crisis, aunque al mismo tiempo instó a las autoridades y a los manifestantes a evitar nuevos hechos de violencia en el marco de las protestas.

Durante una teleconferencia de la que participó Infobae, el funcionario sostuvo que el Ejecutivo “está comprometido con el diálogo para buscar una salida política a esta crisis”. Al respecto, recordó que el martes pasado la presidenta de Perú presentó ante el Consejo Permanente de la OEA una propuesta para adelantar las elecciones generales en su país, como una vía para lograr una salida “pacífica” a la grave crisis social y política desatada desde diciembre pasado.

“Ayuden al Perú a encaminar su destino a través de elecciones libres”, solicitó Boluarte en una intervención virtual ante el Consejo Permanente de la OEA.

Mora reconoció, asimismo, que a Estados Unidos le preocupa la violencia que se ha visto durante las manifestaciones y pidió que se investiguen las 55 muertes que provocaron los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

“Estados Unidos está comprometido en apoyar el gobierno peruano, y no sólo en ese diálogo, sino apoyar y estar seguro de que estas 55 muertes se investiguen, y creo que el gobierno peruano está comprometido en investigar a esas muertes, mientras se busca una salida política a la crisis que no incluya la violencia por parte de los manifestantes ni por parte del Estado”, apuntó.

Consultado sobre las recientes declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien invitó a Estados Unidos a “ayudar a abrir una mesa de diálogo político para ayudar a la sociedad peruana a una transición democrática en Perú”, el embajador norteamericano descartó esa posibilidad: “Estados Unidos no va a tener un rol de crear una mesa de conversación, esa mesa ya existe en Perú”.

Subrayó, no obstante, que la OEA “está en condiciones de apoyar ese proceso” y adelantó que el organismo mantendrá su interés en ayudar a estabilizar la situación política en Perú.

Durante la conferencia Mora enfatizó la necesidad de luchar por el respeto de la democracia y los derechos humanos en la región. Según indicó, para el gobierno de Biden son dos temas prioritarios, “en momentos en que la democracia está bajo ataque”.

En ese sentido, y al ser consultado por la reciente cumbre de la CELAC desarrollada en Buenos Aires, destacó la estructura de la OEA, al considerarla como la única organización multilateral dentro del hemisferio occidental “donde los países democráticamente elegidos tienen representantes y donde todos están comprometidos en defender la democracia y los derechos humanos”.

“En América Latina y el Caribe hay una serie de organizaciones, eso nos parece bien, pero voy a reiterar algo: no hay otra organización en donde todos los países del hemisferio democráticamente elegidos tienen presencia y la capacidad de absorber los problemas de la región; hay una estructura, una Carta, una comisión de derechos humanos encargada de investigar las violaciones a los derechos humanos, que no existe en otro mecanismo regional. En la OEA hay un compromiso en defender la democracia y los derechos humanos, y eso es único en la región (…) En un momento donde vemos en la región la erosión de la democracia, y violaciones contra los derechos humanos en muchos países, la OEA es ahora más que nunca importante”, agregó.

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Gustavo Petro rechazó la nota de protesta de la Cancillería de Perú y afirmó: “¿Por qué me tengo que callar?”

En medio de una rueda de prensa, el mandatario de los colombianos respondió sobre varios temas coyunturales y en una de sus intervenciones se refirió al jalón de orejas que el Gobierno de Dina Boluarte, la actual presidenta del Perú, le envió recientemente por opinar de la crisis desatada luego de que Pedro Castillo, exmandatario de esa nación, intentara disolver el Congreso y convocar a unas elecciones legislativas, lo que causó su destitución.

“No entiendo cómo puede haber un presidente preso sin que haya sentencia en contra, que haya perdido sus funciones constitucionales, que adquirió a través del voto popular, sin que haya una sentencia de un juez penal en su contra. En esa medida, si yo me beneficié de eso (las medidas del Sistema Interamericano), ¿por qué tengo entonces que decir o callarme cuando alguien está siendo perjudicado rompiendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?”, cuestionó el jefe de Estado desde Buenos Aires, Argentina.

Gustavo Petro, además, invitó al pueblo peruano para que dialogue y detenga las violentas manifestaciones que se han tomado las principales ciudades de ese territorio como Lima y Puno. En estas no solo se ha registrado brutalidad policial, sino también ataques de civiles a la fuerza pública.

En otro aparte de su respuesta, el presidente colombiano volvió a referirse a la Convención Americana de Derechos Humanos y aseguró que en el país fronterizo debe acogerse su normatividad, no solamente para tratar el caso de Pedro Castillo, sino también para intentar solucionar el estallido social en contra del Gobierno de su hoy homóloga, Dina Boluarte, que asumió el poder Ejecutivo de ese país tras la vacancia de quien fuera su fórmula presidencial.

Estos cuestionamientos se suman a la “enérgica protesta” que el Ejecutivo peruano le envió a Gustavo Petro en las últimas horas en las que se aseguraba: “El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó hoy una nota a la Embajada de Colombia con la enérgica protesta del Perú por el nuevo acto de injerencia del Presidente Gustavo Petro en temas de política interna, conducta no consistente con las normas del Derecho Internacional”, reza el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano.

Sin embargo, ese a esos reparos y desde suelo argentino, tal y como lo ha hecho en otras oportunidades en Colombia tanto en redes sociales como en discursos a la opinión pública, el presidente Petro se ha referido al caso de Pedro Castillo, que enfrenta investigaciones por rebelión y sedición.

De hecho, en la mañana del martes, cuando asistió a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Petro cuestionó que el Congreso de Perú haya destituido al exmandatario y calificó las acciones legislativas en contra de Castillo como un “golpe parlamentario”.

“¿Por qué tenemos que seguir manteniendo violaciones del Sistema Interamericano a pesar de que nuestros gobiernos firmaron el tratado? ¿Por qué tiene que haber golpes parlamentarios y violentos? ¿Por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos cuando deberían estar en esta mesa?”, se preguntó el mandatario colombiano.Seguir leyendo:

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